Entre sus principales postulados, la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación N° 27.635 plantea que los medios de gestión estatal nacional están obligados a implementar con equidad la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, mientras “promueve” que los prestadores de gestión privada, con o sin fines de lucro, impartan las acciones contempladas en ella.
En este sentido, la ley plantea que las empresas a las cuales “se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional”.
En los medios de gestión estatal debe garantizarse también una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal.
Entre los requisitos que detalla la norma se encuentran realizar procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros y llevar adelante políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual.
Además, la ley plantea la implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras y la disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil.
Otros dos aspectos de la equidad fijados por la normativa son la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; y la elaboración de un protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
El decreto de reglamentación N° 304/2023 estableció que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.
También creó una Unidad de Coordinación Interjurisdiccional para garantizar los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de la Ley, que estará integrada por representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete.
