El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que lidera Marina Jaureguiberry, ratificó hoy que el proyecto de ley de Financiamiento Educativo que analiza la respectiva comisión de la Cámara de Diputados y que elevaron los ministros de Economía y Educación, Sergio Massa y Jaime Perczyk, “es oportuno, necesario y prioritario”.
La organización sindical, que nuclea a más de 120 mil docentes privados en todo el país, reclamó “un pronto dictamen favorable de la iniciativa para completar el trámite legislativo en la comisión de Presupuesto y analizarlo a fondo en el recinto”, sostuvo el gremio.
Jaureguiberry remarcó que la presentación del proyecto por parte del Gobierno expresó “una clara propuesta de política pública educativa que sostiene y milita este espacio gremial”, y sostuvo que para el Sadop “un elemento central y distintivo de la iniciativa oficial es el vínculo que debe existir entre proyecto de país y proyecto educativo”.
“Ese es un eje central y distintivo de las propuestas del campo nacional y popular. No hay propuesta educativa si no se enmarca en un proyecto de país”, dijo la dirigente, quien asumió la conducción nacional de la organización gremial el 5 de julio último.
La sindicalista destacó las Leyes de Financiamiento Educativo de 2005 y de Educación Nacional de 2006 -aprobadas durante el gobierno de Néstor Kirchner-, y realzó que “el nuevo proyecto y esas anteriores normas consideran a la educación como una inversión y no como un gasto, y están de forma directa relacionadas con un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), lo que es toda una clara definición política”, afirmó.
La dirigente gremial enfatizó entre los principales objetivos del proyecto de ley la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, en la que las representaciones sindicales docentes nacionales participarán con voz y voto, y el reconocimiento y ratificación del derecho de los trabajadores a negociar paritarias y condiciones laborales.
También ponderó la inclusión de un convenio marco para trabajar de forma conjunta entre los sindicatos docentes con representación nacional, el Ministerio de Educación y el Consejo Federal del sector (CFE) para regular el calendario educativo, el salario mínimo, la carrera y las condiciones de trabajo, de salud y de vida del personal del sector.
“Se destaca también la ampliación de la jornada escolar, el acento en el nivel inicial y el fortalecimiento de la inversión para garantizar la educación a partir de los 45 días de vida. La pandemia de coronavirus reflejó la imperiosa necesidad de que el Estado continúe desarrollando una política pública integral sobre cuidados. El proyecto incluye la perspectiva de género y las necesidades familiares a la hora de conciliar vidas laborales y trayectos escolares y apunta al 80% de las mujeres de esta actividad”, puntualizó.
Jaureguiberry también destacó de la iniciativa oficial “el sistema de información digital, una línea sobre su evaluación y de la educación de calidad”, y resaltó que en la reglamentación de la norma y en el contexto de la negociación colectiva deberían acordarse pautas de autoevaluación en servicio, situada y en proceso, en las que “los trabajadores tengan directa participación en el nivel de cada proyecto institucional”.
La sindicalista ratificó la necesidad de impulsar el criterio de “calidad integral de la educación”, y sostuvo que la duplicación de la matrícula y el aumento del financiamiento técnico-profesional que contempla la iniciativa es “un claro reflejo del modelo de producción y trabajo que impulsa, porque la formación para la industria, la tecnología y la robótica ocupan un lugar central en el modelo educativo vinculado al proyecto nacional”.
